El 87 % del total de los daños son por riesgos hidrometeorológicos, cuya peligrosidad es susceptible de verse alterada por el cambio climático
Francisco Espejo Gil
Sin duda el lector habrá leído o escuchado en numerosas ocasiones la frase “el cambio climático está produciendo un aumento de los daños producidos por las catástrofes naturales en bienes y personas”. Esa afirmación, aunque no es falsa, requiere de algunas matizaciones para hacerla más correcta. El objetivo de este artículo es intentar enfocar mejor la cuestión, aclarando una serie de conceptos, y también explicar cuál es el papel del seguro, tanto como indicador del problema como parte de su solución.
La mayor parte de los estudios que hacen referencia al cambio climático antrópico sitúan como periodo de referencia anterior a la industrialización el año 1750. En ese momento, se estima que habitaban el planeta unos 800 millones de seres humanos. El Banco Mundial estima el producto interior bruto anual global de esa época en el equivalente a unos 850 000 millones de dólares actuales. Hoy, la población mundial ha alcanzado los 7 900 millones y el PIB anual global es de 85 billones de dólares. Es decir, desde el comienzo de la industrialización la población humana se ha multiplicado por diez y el valor anual de su producción por cien (la mitad de este crecimiento se ha producido en los últimos veinte años). Retengamos esta información y continuemos descomponiendo las causas por las que se produce el aumento de los daños.
Un daño se produce cuando se materializa un riesgo, y el riesgo es el resultado de la composición de tres factores: el peligro, que es el agente activo que puede producirlo (un terremoto, un huracán, un virus, un automóvil…); la exposición, que son todos los elementos físicos (personas, bienes) o sistémicos (el medio ambiente, las cadenas productivas…) que están en el camino de esos peligros y la vulnerabilidad, que es la mayor o menor propensión que tiene la exposición a ser dañado por un peligro determinado. La vulnerabilidad es a su vez el resultado de dos factores: la susceptibilidad, que mide el grado de daños potenciales sobre la exposición, y la capacidad de respuesta, que expresa la duración en el tiempo de los efectos de esos peligros sobre la exposición en función del tiempo que ésta tarda en recuperar su estado anterior. No comprenderemos bien los problemas que plantean los riesgos o su evolución, ni podremos plantear bien su transferencia al seguro, si no entendemos el papel de cada uno de estos factores.
Así, esta tendencia a que cada vez haya más daños tiene una explicación mucho más directa en el aumento de la exposición. Cada vez somos más habitantes en el planeta y, sobre todo, cada vez exponemos más valor a los peligros, por supuesto también a los naturales. La vulnerabilidad de la sociedad ha aumentado: su susceptibilidad a ser dañada es mayor, en general, tanto por la desconexión existente entre poblamiento humano y medio natural como por la creciente interconexión e interdependencia de toda la sociedad y sus medios productivos. Es decir, dándole la vuelta a la línea de razonamiento habitual, la realidad es que lo mismo que está causando el cambio climático antrópico: el aumento de la población, su desarrollo económico y su modelo de desarrollo, está causando que cada vez haya más daños producidos por las catástrofes naturales. Más que causa y efecto, cambio climático y aumento de daños son fundamentalmente dos manifestaciones de una misma causa.
trópico está produciendo alteraciones en el tiempo y el clima, y en sus estados extremos, que desde el punto de vista de la generación de daños es lo más relevante. Esos cambios suponen en buena parte de los casos un aumento de la peligrosidad, con lo que el riesgo en su totalidad también aumenta, por lo que es cierto que el cambio climático puede hacer que aumenten los daños. Sin embargo el matiz, no menor, es que ese mayor nivel de riesgo debido a la mayor peligrosidad se añade al muy superior nivel de riesgo generado por el enorme aumento de la exposición, que es la causa principal del aumento del riesgo y por tanto de los daños.
Calles anegadas en un pueblo de Guipuzkoa durante las inundaciones de 2015 © CCS
La transformación de un riesgo (algo potencial) en un daño (algo real) se suele explicar con una analogía que representa unas lonchas de queso gruyere. Cada loncha vendría a representar factores relacionados con el peligro, la exposición y la vulnerabilidad y es el alineamiento de los agujeros de las lonchas el que permite la materialización de ese riesgo en daño. Así, cuando se presenta un peligro con alto potencial de impacto sobre una zona con mucha exposición y una vulnerabilidad alta, se producen daños importantes. Evitar daños implica ‘desplazar esas lonchas’ para impedir que los huecos se alineen y se produzcan daños. Actuar sobre el peligro, en las catástrofes naturales, es poco menos que imposible. Solo a largo plazo, y con Las aseguradoras disponen de importantes fondos que, adecuadamente invertidos, pueden implicar cambios apreciables en la transición ecológica Efectos de una tempestad de viento en Sevilla © CCS una adecuada política de mitigación, se puede intentar no acrecentarlo aún más. Así que lo más factible es reducir la exposición, lo que suele traducirse en no aumentarla más en aquellas zonas con mayor propensión a experimentar un peligro y, sobre todo, en reducir la vulnerabilidad. Para hacerlo hay dos maneras: reducir la susceptibilidad de personas y bienes de verse dañados por un peligro, por ejemplo, aumentando la estanqueidad de las edificaciones, y aumentar la capacidad de respuesta, mejorando la gestión de las emergencias y aumentando la capacidad de los sistemas para el resarcimiento de los daños, de entre los que el seguro es uno de los principales.
La evolución de la demanda también ha sido positiva en términos generales, particularmente entre 2014 y 2017, con un incremento del 12 % de media de las pernoctaciones de turistas rurales, si bien durante 2018 y 2019 se percibe ya la desaceleración antes indicada de ese ritmo de crecimiento, pese a alcanzarse en el último año unos 12 millones de pernoctaciones (figura 2). Este buen comportamiento de la demanda se ha debido sobre todo al turismo de origen nacional, mientras que la demanda internacional no supone más del 20 % de los viajeros rurales y de las pernoctaciones totales en 2019. Incluso durante la pandemia del Covid-19 se ha podido comprobar cómo el turismo de proximidad, rural y de naturaleza, ha tenido una mejor evolución que el turismo urbano y de sol y playa.
Asegurar un riesgo catastrófico requiere, sin embargo, de mecanismos específicos, puesto que no se cumplen algunos de los supuestos que permiten la asegurabilidad, como son la independencia y falta de correlación entre riesgos, o la capacidad de estimar las pérdidas máximas: en algunas catástrofes con muy baja frecuencia y muy alto impacto es extremadamente difícil hacer estimaciones y, a diferencia de otros tipos con mayor frecuencia y experiencia de daños, es difícil poner una prima al riesgo. En otras ocasiones, dado el alto nivel de riesgo de un lugar determinado, esta prima puede ser inasequible para gran parte de la población a proteger. El resultado final es que, sea por problemas en la oferta o por problemas en la demanda, a nivel global dos tercios de los daños producidos por las catástrofes naturales no están cubiertos por un seguro. Por este motivo en muchas jurisdicciones se desarrollan programas específicos de seguros de catástrofes para peligros concretos (terremoto, inundación…) o para grupos de ellos. Estos programas buscan siempre mejorar la oferta de seguros, aumentando tanto la disponibilidad como la asequibilidad. La forma universalmente más difundida de hacerlo es a través del reaseguro, haciendo así una doble transferencia del riesgo. En ocasiones se complementa esta solución con programas públicos de seguro o reaseguro y con medidas regulatorias como la obligatoriedad del seguro o la obligatoriedad de la extensión de la cobertura de determinadas pólizas de daños para cubrir algún peligro natural particular. En algunas jurisdicciones es normal que haya soluciones mixtas entre seguro privado y seguro público dependiendo de los tipos de bien, de peligro y de contrato de seguro.
Además de los factores actuariales y económicos, mencionados anteriormente para el aseguramiento de un riesgo, hay otros factores sociales que juegan un papel importante. Desde el punto de vista de la demanda, muchas personas no ven el valor de invertir en un seguro como medio para la protección de su nivel de vida frente a las catástrofes. Otras, esperan que sean otros agentes (las administraciones públicas) los que indemnicen los daños de estos ‘actos de Dios’ cuando se produzcan. En otras ocasiones, la existencia de estos programas de seguros de catástrofe que suponen mutualización entre zonas con mayor y menor nivel de riesgo plantea problemas en sociedades con mentalidad más individualista.
Daños asegurados por inundación por el CCS (1990-2020) © CCS
Número de pólizas de bienes cubiertas por el CCS (1990-2020) © CCS
Capitales asegurados por daños en los bienes por el CCS (1990- 2020) © CCS
Comparación de las tasas de crecimiento de daños por inundación, pólizas y capitales asegurados (1990-2020) © CCS
El seguro no solo puede aumentar la capacidad de respuesta y, por tanto, reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Dispone de otras vías para reducirlo. A través de la prima o de las franquicias puede estimular a los asegurados a adoptar medidas para la reducción de la susceptibilidad de sus propiedades a ser dañada. También es una fuente de datos de daños, muy útil tanto para identificar aquellas zonas más expuestas a un peligro como para generar curvas de daños que se puedan introducir en un modelo y servir tanto de punto de partida para la estimación futura de daños en un escenario de cambio de peligrosidad producida por el cambio climático, como para evaluar las mejores medidas en función de su relación coste-beneficio para abordar la reducción de la susceptibilidad o de la exposición. Esa misma indicación del nivel de riesgo sirve para identificar las áreas en las que no conviene aumenta la exposición. Por último, las aseguradoras, en tanto que entidades financieras que tienen que disponer de los fondos generados por las primas para utilizarlos para indemnizar los daños cuando éstos se produzcan, disponen de importantes fondos que, adecuadamente invertidos, pueden implicar cambios apreciables en la transición ecológica, contribuyendo así, a largo plazo, a no aumentar más la peligrosidad.
En España disponemos de dos sistemas para el aseguramiento de los riesgos catastróficos que son referentes internacionales: el seguro de riesgos extraordinarios para los daños en bienes y personas y el seguro agrario combinado. El primero implica que la mayoría de las pólizas de seguros de daños en los bienes, y todas las de vida y accidentes y pérdida de beneficios, deben extender obligatoriamente la cobertura para cubrir unos ‘riesgos extraordinarios’ entre los que figuran la inundación, las tempestades de viento muy fuerte, el terremoto o la erupción volcánica, entre otros. Así, las pólizas, contratadas con cualquier aseguradora privada que opere en España, tienen una extensión automática, cobertura que presta el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital. En el caso de producirse un daño producido por alguno de los peligros denominados “extraordinarios”, es el CCS quien indemniza directamente los daños al asegurado. Para financiar esta cobertura se aplica un recargo a la prima que depende del valor asegurado y del tipo de bien, que las aseguradoras transfieren al CCS, constituyendo así un fondo específico para cubrir los daños. Esta extensión obligatoria facilita mucho que el seguro cubra los daños catastróficos, puesto que, por ejemplo, cualquier vivienda o comercio asegurado en España está asegurado contra inundación, algo que en otros países dista de ser automático.
Vehículos afectados por las crecidas repentinas en St. Llorenç des Cardassar (Illes Balears) en octubre de 2018. © CSS
Coste unitario de los expedientes por causas hidrometeorológicas (1995-2020) © CSS
El 69 % de los daños que ha indemnizado el CCS en los últimos 30 años por riesgos extraordinarios es por inundación y el 18 % por tempestades de viento muy fuertes. Es decir, el 87 % del total de los daños son por riesgos hidrometeorológicos, cuya peligrosidad es susceptible de verse alterada por el cambio climático. Se puede hacer un cálculo de tendencias fiables a partir de los daños por inundación, puesto que la cobertura de este peligro no ha variado, a diferencia del caso del viento, en el que se han modificado los umbrales a lo largo de esta treintena. La media anual de los daños por inundación indemnizados se ha cuadruplicado, pero el valor asegurado y el número de pólizas han seguido una evolución muy similar, con lo que aquí también es la exposición la que explica el aumento de los daños. Se apuntan recientemente, sin embargo, algunos indicios de una mayor peligrosidad, como por ejemplo el coste por siniestro, que llevaba años en descenso sostenido y ha cambiado de tendencia hace unos pocos años, que puede deberse a la mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos, aunque aún es pronto para poder sacar conclusiones más significativas.
Si bien el CCS indemniza los daños con mayor impacto y cuantía absoluta, los daños causados en los bienes asegurados por otros peligros naturales, como los efectos directos de la precipitación (incluyendo nieve y granizo), el viento por debajo del umbral muy fuerte (120 km/h) o los causados por los incendios forestales son indemnizados directamente por las aseguradoras privadas. De esta forma, el modelo español es una verdadera asociación público-privada para enfrentar estos daños y en un sistema intrínsecamente flexible y adaptable a unos tiempos en los que es más que previsible que estas sean unas virtudes más que necesarias para el seguro.
En cuanto al seguro agrario combinado (SAC), se proporciona a través de un cuadro de coaseguro en el que alrededor de un par de decenas de compañías privadas comparten los riesgos. El SAC se gestiona por la entidad Agroseguro y las primas del seguro agrario están parcialmente subvencionadas por la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por los gobiernos autonómicos. El CCS es una de las compañías participantes en el cuadro de coaseguro y además reasegura los excesos de siniestralidad en las diferentes líneas. El SAC puede cubrir prácticamente la totalidad de las producciones agrarias, ganaderas, forestales y piscicultoras frente a una gran variedad de peligros hidrometeorológicos (inundación, viento, granizo, helada…) y climáticos (sequía, olas de calor…) En los últimos años se está poniendo de manifiesto cómo la mayor extremosidad de tiempo y clima están teniendo un impacto cada vez mayor en los resultados del SAC.
Pese a la ventaja competitiva que supone para España disponer de estos mecanismos aseguradores, no hay que olvidar que el seguro es un mecanismo para transferir el riesgo, normalmente desde la propiedad del bien asegurado a una entidad aseguradora, mediante el pago de una prima. Para que ese riesgo pueda seguir transfiriéndose en un contexto en el que es previsible que el cambio climático haga aumentar progresiva y significativamente la peligrosidad, no hay más opciones que contener la exposición y reducir significativamente la vulnerabilidad, a través de la reducción de la susceptibilidad y del aumento de la capacidad de respuesta, por ejemplo, aumentando aún más la masa asegurada. En el sentido de la reducción de la susceptibilidad, el CCS colabora con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus iniciativas para la reducir la susceptibilidad a la inundación en áreas de muy alta siniestralidad, que incluyen proyectos piloto de demostración y subvenciones directas para la adaptación al riesgo de inundación. Aunque quede mucho camino por recorrer, indudablemente este es el camino correcto. .
