El autoconsumo ya está aquí: el despegue del empoderamiento de la ciudadanía

Alianza por el Autoconsumo

La transición ecológica para descarbonizar la economía es una oportunidad para impulsar la democratización de la energía: que no es sino el derecho y el poder de la ciudadanía para dejar de depender de un suministro externo y que la sociedad civil pase a ser la propietaria de su propia producción de energía .

Vivimos en un contexto de múltiples crisis: emergencia climática, sanitaria, económica y social y, más recientemente, de precios energéticos, en el que para abastecer de energía primaria a nuestra economía seguimos dependiendo de la importación de materias primas fósiles, contaminantes y sucias en un escandaloso 89%. Ante este panorama, urge realizar una transición ecológica que nos abra una oportunidad nueva y única como sociedad.

Esta transición ecológica para descarbonizar nuestra economía es mucho más que el abandono de los combustibles fósiles y el uso de energías renovables, pues debe ser entendida como la oportunidad ganada en las directivas europeas para impulsar la democratización de la energía y que no es otra que el derecho y el poder de la sociedad civil para participar en el sistema energético (históricamente en manos de unas pocas empresas) para lograr un nuevo equilibrio que nos conduzca a un sistema energético más eficiente (no basado en el derroche y el aumento ilimitado de la generación y el consumo), más inteligente (flexible, descentralizado y al servicio de las personas y el planeta), 100% renovable, y democrático, en el que las personas dejemos de ser meros consumidores pasivos para decidir nuestro grado de participación y beneficio en la generación, gestión y uso de la energía. Un sistema más justo y eficiente con el medio ambiente y con las personas.

Para los que nos dedicamos a ello, la idea de “la ciudadanía en el centro de la transición energética” no es nueva porque, precisamente, constituye un eje central de nuestra misión, pero podemos decir que, a nivel político, el momento clave en el que se expresa con esta claridad y contundencia en Europa (y también el origen reciente de la potente evolución que está teniendo el sector) es a través del llamado “paquete de invierno”, de noviembre de 2016, con el título ‘Energía Limpia para todos los Europeos’, comunicación que establece tres objetivos principales: 1. Dar prioridad a la eficiencia energética. 2. Lograr el liderazgo mundial en energías renovables y 3. Ofrecer un trato justo a los consumidores.

El empoderamiento pasa por dejar de depender de un suministro externo para pasar a ser propietario de la propia producción de energía. Ese es el fabuloso territorio del autoconsumo, un paso enorme en términos de soberanía energética de la ciudadanía y de utilización de las renovables. Pero, aún podemos ir más allá, pues el autoconsumo nos brinda la oportunidad de ser autosuficientes energéticamente. Para ello tenemos que ahondar en nuestra forma de consumir, es decir en esa eficiencia energética a la que se quiere dar prioridad. El máximo empoderamiento, que es la autosuficiencia, tiene lugar cuando el consumidor alcanza la capacidad de poder reducir sus necesidades al mínimo.

Estamos orgullosos de aseverar que vivimos unos tiempos fantásticos e ilusionantes para la implementación del autoconsumo en España. Desde la Alianza por el Autoconsumo valoramos positivamente la aprobación de la, esperada más de un año, nueva Hoja de Ruta para el Autoconsumo, al ser una muestra más de la apuesta del Gobierno por propiciar y mejorar el desarrollo de la generación distribuida en nuestro país.

Uno de los avances más demandados que nos facilita es el hecho de identificar los objetivos de potencia instalada a 2030, pues permite realizar un seguimiento sobre su tendencia y desarrollo para esta década. Si bien es cierto que los objetivos de 9 GW y 14 GW del escenario de alta penetración son fácilmente alcanzables por el ‘boom’ actual del mercado y la potencia instalada acumulada, no deja de ser una buena noticia y una señal diáfana e indispensable para los inversores, las empresas y la ciudadanía en general.

Del mismo modo, las 37 medidas que se han incluido para fomentar el desarrollo del autoconsumo y eliminar las numerosas barreras administrativas todavía existentes suponen un gran aporte para conseguir generar valor socioeconómico a lo largo de toda la cadena de valor del autoconsumo. Con su aplicación, será más sencillo que la ciudadanía se encuentre predispuesta a la hora de acometer una instalación.

Asimismo, la creación de nuevos “grupos de trabajo” con entidades locales y comunidades de propietarios es beneficiosa para promover la difusión de buenas prácticas, mejorar la sensibilización social, publicar guías orientativas para los diferentes municipios y crear una cadena de valor nacional que consolide la industria asociada. La Mesa Nacional de Autoconsumo para la coordinación entre administraciones es una herramienta que puede ser muy resolutiva y agilizador así se tienen unos objetivos claros y se implican todos los actores de una manera activa, abierta y dinámica.

Por otro lado, la aprobación complementaria del Real Decreto-ley 29/2021, supone un progreso, ya que permite la conexión de la instalación en todos los niveles de tensión, un tema extremadamente relevante para su impulso en zonas alejadas de los núcleos urbanos y en cinturones industriales de las ciudades. También es novedoso, y desde la Alianza por el Autoconsumo llevábamos tiempo demandándolo, un régimen sancionador aplicable a los propietarios de las redes de distribución y a las comercializadoras que alarguen los plazos del procedimiento de legalización de la instalación, si bien es necesario definir las sanciones cuanto antes y su periodo de ejecución para que no caigan en letargo.

Pese al avance, echamos en falta medidas que permitan despegar al autoconsumo colectivo y aprovechar todo su potencial. Entre ellas se encuentran: una mayor flexibilización para la incorporación de nuevos miembros en las instalaciones con una metodología única para comercializadoras y distribuidoras, el reparto dinámico de los excedentes, una reserva de cupos de capacidad de evacuación para proyectos de generación distribuida, la transposición de la Directiva UE 2019/944 del Mercado Interior de la Electricidad que permita un papel activo de los usuarios de las instalaciones y el uso de las redes por parte de las comunidades energéticas, y, por último, una eliminación de la barrera del límite de 500 metros entre los puntos de generación y consumo. Esta limitación carece de rigor técnico objetivo y cuantitativo y afecta al potencial despliegue y uso del autoconsumo en zonas rurales y polígonos industriales donde la generación está más disgregada y distanciada.

Comunidades vecinales sostenibles integrarán fotovoltaica, minieólica y vehículos eléctricos

Los avances en la normativa, la competitividad económica de la tecnología, la sólida cadena de valor industrial y nuestra envidiable situación geográfica, con un gran potencial natural de los mejores recursos renovables, especialmente en energía solar, conforman un marco de contorno con unas características magníficas que se ven actualmente complementadas con ayudas económicas que facilitarán que los ciudadanos y las empresas puedan participar directa y activamente en la transición energética.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), desarrollado por el Gobierno para la gestión de los Fondos Next Generation EU, está contribuyendo a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. Está estructurado en cuatro ejes principales: (1) transición ecológica, (2) transformación digital, (3) cohesión social y territorial y (4) igualdad de género. Son un instrumento fabuloso para acelerar la implementación de las renovables en nuestro país y constituyen una oportunidad para acelerar estos procesos dentro de la emergencia climática actual. Las primeras líneas de ayuda en materia de energías renovables están enfocadas específicamente al autoconsumo y almacenamiento de energía.

A finales del mes de junio de 2021, el MITECO aprobó el Real Decreto 477/2021, en el que establece una línea de ayudas con un máximo de 1.320 M€ para impulsar el autoconsumo, el almacenamiento y la climatización renovable. Gracias a esta línea de ayudas, las empresas, los particulares y las administraciones públicas van a poder disponer de hasta 900 M€ para autoconsumo, 220 M€ para baterías y hasta 200 M€ para climatización y agua caliente sanitaria.

Estos fondos se dividen en seis programas (tres para sectores económicos concretos y otros tres diseñados especialmente para viviendas) y el monto a percibir dependerá del tamaño de las empresas y de las instalaciones, mientras que para los hogares se calculará mediante un porcentaje fijo. En el caso de la energía solar fotovoltaica las ayudas irán desde el 15 % para una gran empresa hasta el 4 5% para una pyme o un sistema pequeño, inferior a 10 kW. Los particulares podrán beneficiarse de un 40 % de ayuda o de hasta el 50 % para los sistemas de autoconsumo colectivo.

Una solución eficiente en zonas aisladas

La acogida por parte de la ciudadanía y las empresas ha sido sumamente positiva, agotándose, tanto los fondos para instalaciones residenciales como los correspondientes a pequeños municipios, en poco más de un día en algunas regiones. Esto es una buena muestra del gran interés por desarrollar instalaciones de autoconsumo y eficiencia.

Las Comunidades Autónomas son las beneficiarias directas de las ayudas, siendo las responsables de la gestión administrativa y su reparto. En la siguiente tabla se muestra un resumen de aquellas que han publicado sus convocatorias de ayudas y cuándo se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes.

No cabe duda de que el sector del autoconsumo está teniendo un crecimiento exponencial en nuestro país, fruto de un nuevo marco normativo que permite el desarrollo de este tipo de instalaciones y de los cada vez más obvios beneficios transversales del autoconsumo, tanto para la ciudadanía como para diferentes sectores de la economía. Los últimos datos corroboran esta evolución: en 2021, en España, se instalaron 1.203 MW de autoconsumo (fuente UNEF), lo que supone un incremento de más del 100 % con respecto a 2020, cuando se pusieron en marcha 596 MW. Pero, además, los datos también demuestran que contamos con una ciudadanía cada vez más comprometida con la transición energética y conocedora de las ventajas asociadas: de los 1.203 MW de autoconsumo instalados en 2021, el 32 % pertenece al sector residencial, frente al 19 % de 2020 (fuente UNEF).

Sin embargo, y aunque podemos decir que el autoconsumo es ya una realidad, aún siguen quedando retos y barreras que impulsen su penetración en la sociedad y en los diferentes sectores de la economía. Desde la Alianza por el Autoconsumo trabajamos identificando estas barreras, priorizando aquellas que son más urgentes y proponiendo soluciones a las mismas.

En este sentido y, en primer lugar, siguen existiendo trabas burocráticas y administrativas para la tramitación del autoconsumo, relacionadas con una gran complejidad administrativa, heterogeneidad en los requisitos necesarios y la falta de conocimiento por parte de algunos organismos que ralentizan la ejecución de las instalaciones de autoconsumo. Aumentar los plazos de tramitación y construcción es especialmente perjudicial para el autoconsumo, al tener un efecto desincentivador para el consumidor final mucho mayor que para otro tipo de instalaciones. Dichas trabas han sido identificadas especialmente en la tramitación de las modalidades en las que la energía excedentaria puede ser inyectada en la red, como, por ejemplo, en el caso de la compensación de excedentes. Como respuesta a estas complicaciones, agilizar, simplificar, digitalizar y homogeneizar los trámites administrativos, tanto a nivel municipal y autonómico, así como los necesarios con las distribuidoras es clave. De manera paralela, resulta fundamental mejorar los canales de comunicación, la transparencia y la gestión a todos los niveles.

Tampoco debemos olvidar que sigue siendo imprescindible realizar actividades de comunicación y de divulgación sobre las posibilidades, las ventajas y los beneficios del autoconsumo a todos los niveles, así como promover la formación del personal laboral en otros sectores de la economía que puedan ser relevantes para el autoconsumo.

Dos son las nuevas figuras definidas en las Directivas Europeas de Energías Renovables y del Mercado Interior de la Electricidad que permiten la participación colectiva en la instalación y el uso de energías renovables: las comunidades ciudadanas de energía (CCE), descritas en su artículo 16, y las comunidades energéticas renovables (CER), descritas en su artículo 22. Las actividades y servicios que estas figuras recogen son varias: las ligadas a la generación de electricidad y su gestión, independientemente de la fuente de energía escogida (renovable o no) en el caso de las CCE, o las basadas en las energías renovables, independientemente de si son para uso eléctrico, térmico o de cualquier otra naturaleza, en el caso de las CER.

Aunque su transposición completa al ordenamiento jurídico español está pendiente de completarse, ambas aparecen recogidas bajo el nombre de Comunidades Energéticas Locales (CEL) por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Deben responder a que su misión esté vinculada con valores y beneficios medioambientales, sociales o de economía local, por encima de los beneficios económicos, y a que su control y participación sea real y democrática.

Permitirán construir un nuevo equilibrio ambiental, económico y social, que posibilitará cerrar la brecha de la pobreza energética y superar la división entre lo urbano y lo rural al articular un sistema eléctrico descentralizado y distribuido.

Para que estos nuevos derechos se hagan realidad, es necesario que el Gobierno transponga cuanto antes el contenido de las directivas para crear marcos legales que faciliten su desarrollo y respalden a la ciudadanía en su despliegue, que apueste claramente por apoyarlos y financiarlos y promocione la cultura de las comunidades energéticas locales para acelerar todo su potencial.

En España ya son múltiples las iniciativas que empiezan a surgir por la geografía nacional con diferentes objetivos (autoconsumo colectivo, suministro, lucha contra la pobreza energética, empoderamiento de la mujer y colectivos vulnerables, vehículo eléctrico, etc.) y bajo diferentes formas jurídicas (cooperativa, asociación, empresas de economía social y solidaria, consorcio, empresa de interés comunitario, fundación, organización sin ánimo de lucro u otras combinaciones) y aunque todavía se enfrentan a numerosas barreras y dificultades de carácter técnico, legal y económico serán, sin duda, las grandes protagonistas de nuestro panorama energético en las próximas décadas.

En este sentido, una investigación reciente desvela que una de cada tres personas en España —incluyendo comunidades locales, escuelas y hospitales— podría estar produciendo en 2050 su propia energía renovable, cubriendo así hasta un 50 % de la demanda eléctrica nacional.

Las comunidades energéticas abrirán las puertas no sólo a las actividades de generación de electricidad (con el autoconsumo en sus diferentes fórmulas, fotovoltaica, eólica, bioenergía, hidroeléctrica, otras), sino a una multitud de servicios relacionados con el sistema energético como son la distribución, el suministro (comercialización), servicios de ahorro, rehabilitación y eficiencia energética (con un poderoso impacto en la lucha contra la pobreza energética), servicios de calefacción/refrigeración, de transporte y movilidad (puntos de recarga, vehículo eléctrico compartido, etc.), servicios de flexibilidad (agregación y gestión de la demanda y almacenamiento).

En nuestras manos como sociedad, gobierno (estatal, autonómico y local) y tejido empresarial está corresponsabilizarnos en acelerar este despliegue de las comunidades energéticas y construir una sociedad más justa, sostenible y empoderada.