“Renovables Responsables”, la gran apuesta

Nos encontramos en plena emergencia climática y ecosocial, provocada por la forma cada vez más abusiva que tiene el ser humano de existir en el planeta, que poco tiene que ver con las necesidades del resto de los seres vivos que lo habitan. Los informes del IPCC demuestran con cada vez más contundencia y en términos cada vez más sombríos la enormidad del reto que tiene por delante la sociedad, sea para abandonar cuanto antes los combustibles fósiles y todo lo que arrastran, o para prepararnos de la mejor forma posible ante los riesgos del calentamiento global desatado por la actividad humana.

La ciencia ya ha establecido que algunos de los impactos de nuestra desidia, como el derretimiento de los polos y los glaciares, o el calentamiento y la subida del nivel del mar, serán muy difíciles, si no imposibles, de frenar y revertir dentro del horizonte temporal de la vida de una persona. A pesar de que el nombre de nuestra especie sea Homo ‘sapiens’, puede que estemos ya provocando cambios en los sistemas planetarios que serán irreversibles a escala de siglos o milenios y que, de no actuar, hagan la vida casi imposible para el ser humano en amplias regiones del planeta. Sigue siendo posible evitar que estos efectos del calentamiento global y el cambio climático lleguen a dimensiones de catástrofe permanente, pero solo si nos situamos en los mejores escenarios de reducción dramática de emisiones en los próximos años y programas masivos de absorción de CO2 mediante la conservación de la naturaleza y la restauración de los ecosistemas.

Eso sí, estos mejores escenarios, perfectamente asumibles a fecha de hoy en términos técnicos, solo son realistas si se lleva a cabo una transformación rápida, profunda y duradera en los ámbitos socioeconómico, político y comercial. La decisión principal de la COP26, el Pacto de Glasgow, identifica los 10 años hasta 2030 como “esta década crucial” para la acción climática, durante la cual tenemos que dar pasos rápidos de gigante hacia una transformación total y permanente de nuestra civilización — y ya avanzamos por el segundo año del decenio—. El más reciente informe del IPCC, publicado durante la preparación de este artículo, vuelve a confirmarlo, en términos inequívocos. Y el mismo informe se ha lanzado durante los primeros días de una guerra en el este de nuestro continente que ya está sacudiendo mercados, políticas y estrategias —y España no es ninguna excepción—.

Está por ver cómo afectará el conflicto en Ucrania al tablero energético europeo y mundial en los próximos meses y años, aunque tanto esta crisis, como la relacionada de la subida de precios de la electricidad y gas, mandan una señal muy clara sobre el llamamiento de Glasgow a la descarbonización rápida en ‘esta década crucial’. En España y en otros países, la necesidad de avanzar muy rápido para lograr los objetivos de 2020, además de aumentar mucho el ritmo para llegar a 2030, ha sido lastrada por la falta de continuidad (incluso las inercias y falta de rumbo) en las políticas de descarbonización durante una parte importante de la década pasada.

Entonces, habrá disrupciones en el camino, en gran parte por haber prolongado tanto la adicción del ser humano a los combustibles fósiles. Pero ni qué decir tiene que interesa acelerar la sustitución de la energía sucia importada por la energía renovable autóctona. Y en esta tarea, como en el tablero mundial, es perentorio minimizar los conflictos territoriales, sectoriales o de otro tipo asociados a la planificación y el despliegue de las energías renovables.

Después de un parón de 6-7 años en el desarrollo de las energías renovables en España, desde 2018 se ha experimentado una explosión de interés en nuevos y grandes proyectos renovables en una especie de carrera por instalar nueva capacidad, sobre todo en el medio rural. Factores que han impulsado esta aceleración incluyen cambios normativos importantes a nivel UE; un cambio de Gobierno a nivel estatal y cambios normativos asociados; la necesidad de alcanzar el objetivo de generación de energía renovable marcada por la UE para 2020 y seguir avanzando hacia el objetivo para 2030, establecido por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (‘PNIEC’); avances tecnológicos y reducciones importantes en los costes de materiales y de instalación, y una especie de ‘fiebre renovable’ entre los inversores.

Las propuestas de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos (de decenas a cientos de MW de capacidad) que han surgido en España en los últimos 2-3 años son de una escala, diversidad, velocidad e impacto potencial sin precedentes. Ya a principios de 2019 SEO/BirdLife escribió a los gobiernos central y autonómicos, para avisar de la necesidad de actuar en varios frentes ante esta situación, más que previsible. Desgraciadamente, la reacción ha tardado demasiado en llegar. En consecuencia, ante un volumen enorme de grandes proyectos, de grandes empresas, en el campo y una sensación generalizada de dejadez institucional, ha surgido un importante movimiento de protestas locales a lo largo y ancho del país, apoyado por el sector académico y coordinado bajo el paraguas de la Alianza por la Energía y el Territorio, ‘Aliente’.

Las plataformas de protesta han llegado a solicitar moratorias al desarrollo de grandes proyectos, mal vistas ante la necesidad de acelerar la descarbonización, pero absolutamente comprensibles desde el punto de vista de personas y comunidades que se sienten abandonadas por la Administración. Además, la mayoría de las principales asociaciones ambientales y otras entidades muy relevantes a nivel estatal (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, IIDMA, Comisiones Obreras, Fundación Renovables, SEO/BirdLife junto con el CSIC), han destacado públicamente la necesidad de abordar el despliegue de las renovables de otra forma. En particular, SEO/BirdLife lleva desde el año 1993, cuando se instaló el primer parque eólico en Tarifa, velando por una planificación adecuada del sector eólico, así como por la correcta evaluación de los impactos ambientales de proyectos individuales. Ya en 2012, su manual en la materia iba por la tercera edición y se había traducido a otros idiomas.

La ganadería extensiva y las infraestructuras renovables son compatibles con el desarrollo rural © AEE

La preocupación e indignación de los últimos años surge por varios motivos, más allá de la caricatura de la reacción ‘NIMBY’ (acrónimo en inglés que significa algo así como ‘no en mi jardín’), de no querer ver cambios en un entorno local. Entre los motivos más importantes, figura el rechazo social a un modelo energético que en gran medida sigue favoreciendo a las grandes empresas energéticas, sus accionistas e inversores, en lugar de priorizar alternativas que impulsen un sistema más descentralizado, menos vulnerable a la especulación y más compatible con la conservación de la biodiversidad y el paisaje y un desarrollo equilibrado del medio rural.

Además, solo en el trabajo de SEO/BirdLife ante el diluvio de proyectos renovables presentados y aprobados en los últimos años, se han detectado y denunciado varios incumplimientos de la normativa ambiental. Esto, junto con otros incumplimientos de derecho ambiental asociados a otros sectores económicos (construcción, agricultura, agua) alimentan una percepción generalizada de una falta de responsabilidad de parte de la Administración a todos los niveles. En el sector energético, los gobiernos han tardado demasiado en actualizar la normativa ante la necesidad de descarbonizar la economía, aprobar los instrumentos necesarios de ordenación y zonificación del territorio y contratar los recursos humanos y estudios técnicos necesarios.

El problema, complejo y enquistado, del reto demográfico, el éxodo rural o la ‘España vaciada’ es otro elemento esencial a tener en cuenta. Los grupos de protesta contra proyectos renovables en el campo o el mar expresan una frustración ante, según ellos, los gobiernos, empresas y ciudades que se lanzan a la transición energética deseando sacar energía (y rentabilidad) del medio rural de la forma más rápida posible, sin haber avanzado a la misma velocidad con los deberes en el medio urbano, como maximizar la eficiencia energética de los edificios, modernizar la movilidad o instalar energías renovables en las superficies edificadas y pavimentadas más indicadas. Por último, y no menos importante, sigue habiendo carencias importantes en materia de transparencia sobre la transición energética y en la participación y diálogo con las poblaciones locales.

Esta situación conlleva varios riesgos. Primero, la falta de adecuación de normativa y de capacidad o transparencia de las Administraciones, especialmente (aunque no únicamente) a niveles autonómico y municipal, lo que podría, por un lado, retrasar las decisiones y frenar la implantación de las renovables, y por otro, suponer importantes amenazas para las especies y espacios protegidos en España. En el caso de que las decisiones tomadas supongan un incumplimiento de la normativa, serían vulnerables a recursos legales y a la prolongación de las protestas. Todo ello, en combinación con otras incertidumbres asociadas a las intenciones regulatorias del Gobierno en el sector eléctrico podría empezar a socavar la imagen de España como un país atractivo para invertir en proyectos y tecnologías de descarbonización. Y por último, la falta de conocimientos e información sobre elementos muy básicos de las necesidades de descarbonización o las obligaciones de la Administración, junto con la naturaleza adversarial del tema, abonan el terreno para bulos y populismos, que nada ayudan a la sociedad a avanzar, sino que más bien fomentan la división entre poblaciones urbanas y rurales, además de dividir a poblaciones locales.

Incluso las tecnologías energéticas más limpias y sostenibles tienen impactos visuales, acústicos, físicos y biológicos y requieren infraestructuras para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Y desde las propias ONGs como SEO/BirdLife defendemos la necesidad de objetivos más ambiciosos aún que los marcados para el Gobierno en el PNIEC (por ejemplo, un sistema eléctrico 100 % renovable para 2030, en lugar del 2040 marcado por el PNIEC – frente al 44 % en 2020).

Así las cosas, parece improbable cumplir los objetivos de descarbonización en España sin nuevos desarrollos energéticos significativos en los medios rural y marino, basados en los beneficios y eficiencias de proyectos de mayor escala que permiten aprovechar el recurso renovable donde es más abundante. Es posible que estos proyectos tuvieran más aceptación social si se ofreciera más información y oportunidades de participar en la planificación, si se mantuviera el diálogo y el debate en base a distintos escenarios y si se contara con las herramientas técnicas, divulgativas y normativas actualizadas de acuerdo con los objetivos planteados. Además, parte del rechazo nace de dudas sobre la voluntad clara y compartida de construir un modelo energético más distribuido y diversificado, promoviendo el autoconsumo, el almacenamiento, las comunidades energéticas locales, las redes inteligentes y un mercado eléctrico y una estructura de tarifa que favorezcan las renovables, la eficiencia y el ahorro energético.

Desgraciadamente, España no cuenta con planes, modelos o estudios generalmente aceptados o fácilmente accesibles para la sociedad civil que permitan entender y valorar las distintas opciones en cuanto al cumplimiento de objetivos de penetración de las energías renovables. Por ejemplo, no existen herramientas públicas que permitan explorar la contribución relativa de las distintas autonomías al objetivo estatal de renovables, o los posibles ‘repartos de esfuerzo’ entre campo y ciudad, mar y tierra o las distintas tecnologías: hidro, eólica, solar y biomasa. Además, como han resaltado en los últimos 15 meses IIDMA, SEO/BirdLife e incluso el propio MITECO, las comunidades autónomas están en momentos muy distintos en cuanto a normativa de cambio climático y transición energética u ordenación y zonificación del territorio. Pero a pesar de estas carencias, algunas de las cuales se irán corrigiendo en un plazo relativamente corto, se pueden evitar impactos severos de los proyectos ya presentados, además de evitar otros importantes en la necesaria aceleración del despliegue renovable en el futuro.

El proyecto fotovoltaico Safarich, en Alicante, establece zonas de reproducción de conejos para atraer al águila perdicera © UNEF

A grandes rasgos, España ya cuenta con las herramientas normativas, administrativas y financieras necesarias para fomentar un despliegue rápido de las energías renovables respetuoso con la biodiversidad. Ha habido avances muy importantes en la materia en los últimos 3-4 años con la vista puesta en 2030 y 2050 después de muchos años de mirada hacia atrás. De las herramientas no disponibles todavía, muchas están previstas o en preparación para finales de 2022.

Los objetivos estatales de descarbonización y de instalación de nueva capacidad de energías renovables con horizonte 2030 y 2050 están establecidos en el PNIEC y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, junto con las intenciones del Gobierno en cuanto al ritmo de subastas de nueva capacidad. Además, el Gobierno puede introducir criterios ambientales en los concursos de acceso a nudos de la red eléctrica para conectar nueva capacidad renovable y así orientar a los promotores hacia zonas de menor sensibilidad ambiental. La Ley 07/2021 de Cambio Climático y Transición Energética insta a los gobiernos central y autonómicos a evitar impactos severos de las nuevas instalaciones renovables en la biodiversidad en el medio terrestre de acuerdo con la zonificación ambiental para las energías eólica y fotovoltaica publicada por el ministerio a finales de 2020. La Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar, también del Miteco, parece ofrecer un proceso claro, vinculado a la ordenación y zonificación del medio marino, para compatibilizar el despliegue renovable con la conservación de los valores naturales del mar.

Por otro lado, apostar por una instalación de autoconsumo es mucho más atractivo y algo menos engorroso, gracias a las reformas legales del gobierno central y la mayoría de las comunidades autónomas, apoyado por la disponibilidad de fondos de recuperación, desgravación del IBI y otros incentivos. SEO/BirdLife sigue avanzando con su propia apuesta al respecto y, mientras quedan flecos importantes por resolver, tal y como ha defendido la Alianza por el Autoconsumo durante mucho tiempo, la Hoja de Ruta del Gobierno ya marca un camino para ir avanzando.

Es en los escenarios autonómico y local, siendo los niveles de gobierno más cercanos a la población y a las protestas locales, donde es especialmente importante incidir. Aquí una de las prioridades más urgentes es implicar a las poblaciones locales plenamente en un diálogo continuo sobre sus aspiraciones de cara al futuro, además de facilitar la participación social, con la información y antelación adecuadas, en los procedimientos formales de tramitación y evaluación de planes y proyectos.

También en algunos casos queda trabajo por hacer a nivel autonómico en materia de planificación energética, ordenación y zonificación del territorio, planes de recuperación de especies en peligro y declaración de nuevos espacios protegidos. En estos casos, SEO/BirdLife ha empezado a sacar sus propios mapas de zonificación con el fin de guiar los desarrollos renovables. Y otra prioridad, sin duda, es asignar los recursos suficientes para tramitar y evaluar correctamente los proyectos ya presentados, según los mapas de sensibilidad ya disponibles (tanto los del Ministerio como los propios existentes, en su caso) y de acuerdo con otras disposiciones legales.

Como ya se ha dicho mucho en los últimos meses, existe a fecha de hoy una enorme sobrecapacidad entre los proyectos ya presentados, superando varias veces el objetivo previsto para 2030, y muchos de los proyectos presentados a concurso y evaluación ambiental tienen pocas posibilidades de prosperar. Ante esta situación, y la probabilidad de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, la mejor opción en los casos más cuestionables parece ser simplemente que el promotor desista y retire su proyecto. Si un proyecto de un determinado tipo no está permitido en una zona determinada, pues sencillamente no se debería permitir (e incluso no se debería proponer, de acuerdo con los criterios ‘ESG’ de gobernanza empresarial).

Entonces, incluso con algunos importantes deberes pendientes todavía, las herramientas mencionadas ya disponibles, junto a las de evaluación de impacto ambiental y planes de gestión de espacios protegidos, deberían servir para orientar el desarrollo de las energías renovables hacia las zonas menos sensibles para la biodiversidad.

El consenso científico mundial apunta a la necesidad de la aceleración de la descarbonización de la economía durante esta década, para evitar los impactos más severos del cambio climático. Con un trasfondo de enorme inestabilidad e incertidumbre en el panorama geopolítico es más necesario que nunca que cada país cuente con todas las herramientas necesarias para debatirla y diseñarla.

Queda patente la vulnerabilidad de una política energética europea con una dependencia tan fuerte de los combustibles fósiles, además de el hierro, acero y otras materias primas vitales para las energías renovables, donde Ucrania, Rusia y China son actores tan importantes en el comercio mundial. Quedaría para otro artículo el debate sobre una estrategia adecuada para estas materias primas minerales y la necesidad de actualizar la muy obsoleta Ley de Minas, tal y como propuso SEO/BirdLife en 2018.

Geopolítica y materias primas aparte, es probable que las protestas locales en contra de grandes proyectos renovables en España seguirán durante un tiempo, en parte por la ‘herencia recibida’ de un gran volumen de propuestas presentadas antes de los recientes avances legales y administrativos mencionados arriba. No obstante, con la revisión del PNIEC a la vista (entre 2023-2024) y ante los recordatorios muy bruscos del IPCC y la guerra en Ucrania, es un buen momento para apelar a la responsabilidad de todos los actores principales.

Tanto los gobiernos y las fuerzas políticas en la oposición, como el sector energético, el tercer sector, las poblaciones locales, el sector académico y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad compartida de promover y participar en un diálogo sobre la crisis ecosocial y la descarbonización basada en el respeto, la información contrastada y el cumplimiento de la ley. Con el esfuerzo centrado en el entendimiento y la búsqueda de consensos, todo en aras de una ‘planificación en positivo’ para las renovables, tendremos más posibilidades de éxito en este gran reto, solo uno de los varios que tenemos por delante en esta ‘década crucial’ .