Francesc Boya Alós
Francesc Boya Alós
El cambio de modelo basado en la descarbonización y la búsqueda de nuevas oportunidades para la cohesión territorial obligan a fomentar el desarrollo de nuevos procesos productivos para afrontar el reto demográfico.
Una mirada a nuestro entorno nos revela la importancia que en el análisis de la realidad socioeconómica actual tienen las dinámicas de transformación a la que estamos asistiendo, en un momento de transiciones a nivel ecológico, digital y sociodemográfico. En estas páginas nos vamos a centrar en dos fenómenos fuertemente relacionados, como son la transición energética y el reto demográfico.
De una parte, la transición energética supone un proceso de cambio en las formas de generación, almacenamiento y consumo de energía, orientada a una progresiva descarbonización y a la búsqueda de la neutralidad climática en el papel de la energía dentro del modelo productivo. Mediante el abandono del uso de combustibles fósiles y el incremento del uso de fuentes de energía renovables, se está avanzando hacia un modelo energético más sostenible, con ganancias de eficiencia impulsadas por la innovación y los procesos de digitalización. Pero a su vez esta transformación comporta una serie de dilemas a resolver, como todo proceso de transición.
Por otra parte, el reto demográfico es un desafío complejo, en el que confluyen distintas dimensiones de la población, que engloban tanto la distribución por edad o género, la localización territorial o las condiciones de vida, lo que implica afrontar fenómenos como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión de la población o las situaciones de sobrepoblación estacional o de población flotante, entre otros.
Si la transición energética supone un cambio claro en los procesos productivos, el reto demográfico es también una nueva variable esencial de actuación política e institucional, al introducir la perspectiva de la cohesión territorial como una nueva dimensión de los desequilibrios socioeconómicos.
Así, dentro de las variables de cambio a la que estamos asistiendo, la relación entre transición energética y reto demográfico debe analizarse en términos de mutuo beneficio: de un lado, la transición ecológica, que supone un cambio productivo de hondo calado, con una fuerte transformación cualitativa marcada por la descarbonización, y que requiere nuevos patrones de utilización de los recursos y de la actividad económica; del otro, la cohesión territorial, la búsqueda de nuevas oportunidades para el desarrollo de los territorios, arroja la necesidad de explorar nuevas formas de generación de procesos productivos que afronten el reto demográfico.
En todo caso, partimos de situaciones de desequilibrios:
• Por un lado, el 75 % de los recursos se consumen en las ciudades, aunque en amplia medida se proveen desde las zonas rurales. En este sentido, buena parte de las instalaciones que proveen energías de origen renovable a los grandes núcleos de población se sitúan en zonas en declive demográfico.
• Por otro lado, según los datos del Padrón de habitantes publicados por el INE, la población de España ha aumentado un 17 % entre los años 2000 y 2021. Si nos fijamos en las variaciones de población en los distintos estratos vemos que se han producido incrementos en todos ellos salvo en los cuatro estratos que están entre 101 y 5.000 habitantes, que han tenido pérdidas que oscilan entre el 4,4 % y el 14,5 %. En concreto, este grupo de municipios ha pasado de 6 130 000 habitantes en el año 2000 a poco más de 5 600 000 en el año 2021.
De esta forma, parece evidente que la clave para tejer una asociación estratégica entre transición energética y cohesión territorial apunta hacia las oportunidades que puede generar el cambio productivo que acompaña a esta transición. La transformación cualitativa que implica, con las innovaciones y soluciones climáticamente neutras en la generación de energía, en el ahorro y eficiencia energética y en la movilidad, supone una de las fortalezas del proceso, y debe servir para que las zonas rurales conecten con estas nuevas dinámicas y se sirvan de las mismas en su proceso de revitalización. Para ello, debemos avanzar en distintas vías.
La España vaciada enfrenta el reto de disponer de servicios energéticos sostenibles © A. López
De entrada, es importante poner en valor el importante capital natural que atesoran nuestros pueblos, que ofrecen una serie de recursos esenciales para el sistema productivo, y al que no es ajena las nuevas formas de generación y producción energética. Conviene en este sentido recalcar el papel de los servicios ambientales en el sistema económico, no ya en forma de suministro o aprovisionamiento, sino también de soporte y de cumplimiento de los objetivos fijados en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Así, la generación de fuentes de energía renovables, por ejemplo, mediante el uso de los recursos forestales, evidencia de forma clara la posible simbiosis que se está gestando entre cohesión territorial y sostenibilidad.
Los cambios en la producción de fuentes de energía de base renovable, así como las mejoras en eficiencia energética y movilidad sostenible, señalan la conveniencia de primar modelos endógenos, basados en los recursos del territorio. Estamos asistiendo al desarrollo de nuevas experiencias, como la aparición de comunidades energéticas locales, que permiten plantear modelos energéticos tendentes al autoconsumo y otorgando protagonismo a las colectividades locales.
Las zonas rurales son, por tanto, una oportunidad para apuntalar la transición energética, logrando transformaciones desde lo local, aprovechando el capital natural para generar nuevas oportunidades de actividad empresarial y emprendimiento, al tiempo que se realiza una transición justa. Como ya indica la Estrategia de Transición Justa aprobada dentro del Marco Estratégico Energía y Clima, hemos de convertir la transición energética en una herramienta para frenar la despoblación y mejorar la cohesión territorial.
Varios son los vectores de transformación que están operando en esta dirección: de un lado, explorando los nichos de empleo que ofrece la transición energética, en cuyos procesos de generación y almacenamiento están surgiendo do nuevas oportunidades de empleo que permitan retener y atraer talento en todos los territorios; por otro lado, diversificando la actividad económica de estas zonas, con el desarrollo de iniciativas ligadas a la bioeconomía o el impulso de la movilidad sostenible.
En definitiva, de lo que se trata es de lograr, a través de nuevas formas de provisión de servicios sistémicos, una transformación que sea sostenible a nivel ambiental, a nivel económico y a nivel social.
Una oportunidad para afrontar el reto demográfico desde la Transición Energética es avanzar en la Agenda 2030 con las reformas e inversiones del Plan de Recuperación.
Nos encontramos ante un momento propicio para afrontar de forma conjunta los desafíos que plantean tanto la transición energética como el reto demográfico. Como venimos señalando, nos encontramos en un contexto de cambio sistémico, que nos obliga a integrar los fenómenos que aquí estamos tratando dentro de un marco global de estrategia y de actuación.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible traza en nuestro país la hoja de ruta para hacer efectiva la Agenda 2030, identificando entre sus retos y políticas aceleradoras, de un lado, la necesidad de asentar un nuevo modelo económico y productivo verde; y por otro lado, revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico a través de la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.
Del mismo modo, la senda de actuación está claramente fijada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en 2021, y que permite poner en marcha un ambicioso paquete de reformas e inversiones para impulsar una transformación digital, verde e inclusiva de nuestro sistema socioeconómico. En este Plan, la Transición Ecológica es uno de los pilares, con una inversión en torno al 40% del total. De la misma manera, la perspectiva de cohesión territorial está presente de forma transversal en los distintos componentes del mismo.
En este sentido, para incorporar a los pequeños municipios y a las zonas en declive demográfico las inversiones del Plan de Recuperación y a la agenda de transformación asociada al mismo, la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico aprobó el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico. Con este Plan se viene desplegando una acción transversal de gobierno en materia de reto demográfico y lucha contra la despoblación, de forma coordinada por el conjunto del Gobierno, y bajo la coordinación e impulso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el primer eje del Plan tienen cabida acciones de transformación que persiguen, entre otros, los siguientes objetivos: la promoción de una transición energética adaptada a las comunidades locales, favoreciendo el desarrollo de iniciativas innovadoras y sostenibles; el impulso de la bioeconomía, potenciando el aprovechamiento de recursos naturales; y la garantía de una transición justa en el territorio, que contribuya a luchar contra la despoblación. Supone así una traslación práctica de la necesaria simbiosis entre transición energética y reto demográfico: generar entornos más sostenibles y resilientes, al tiempo que se introducen elementos de dinamización en el territorio con transformaciones en el sistema productivo (donde las fuentes de energía juegan un papel primordial).
Para ilustrar el binomio en el que venimos centrando nuestra atención, entre estas medidas destaca el Programa de Regeneración y Reto Demográfico, una iniciativa pionera que con las inversiones del Plan de Recuperación va a permitir impulsar proyectos públicos y privados en municipios de menos de 5.000 habitantes para el fomento de inversiones verdes, para la mejora de la eficiencia energética en edificios, equipamientos e infraestructuras, para el impulso de la generación y el consumo de renovables, especialmente a través del autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como a través del despliegue de la infraestructura de recarga e impulso de vehículos para la movilidad sostenible.
Este Programa se basa en dos iniciativas cuya regulación fue aprobada el pasado verano. Por un lado, el Programa de Rehabilitación Energética en Edificios de menos de 5.000 habitantes (PREE 5.000), con 100 millones de euros de gestión territorializada en las Comunidades Autónomas, con el que se busca impulsar la sostenibilidad en la edificación de las áreas en declive demográfico. Para ello, se financian actuaciones como la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables, la incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la promoción de actuaciones realizadas por comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energías renovables.
Por otro lado, se dispone también de una iniciativa de gestión centralizada por el MITECO (a través del IDAE), el programa de proyectos singulares de energía limpia (programa DUS 5.000), que pretende consolidar el proceso de transición energética en estas zonas, posibilitando grandes inversiones por parte de las entidades locales de estas zonas. En este Programa se financian proyectos de eficiencia energética en edificios públicos, se potencia el desarrollo de infraestructuras de generación de energías renovables y se facilita el cambio modal en materia de movilidad sostenible, con el impulso del vehículo eléctrico. De forma destacada, se permite la subvención del 100 % de la inversión del proyecto, en aquellos considerados como “integrales”, por su impacto significativo en la transición energética del municipio. Se trata de una apuesta destacada por ligar las oportunidades de los cambios en el modelo energético a la dinamización de la España interior, con una dotación de 325 millones de euros.
Finalmente, en este eje del Plan de 130 medidas tienen también cabida actuaciones que inciden de forma positiva en la transición energética como palanca de transformación ante el reto demográfico. Un ejemplo podría ser las actuaciones previstas de fomento de la bioeconomía local, que contemplan, junto a otros usos ligados a la gestión forestal sostenible, la financiación de proyectos relacionados con el uso de la biomasa como fuente de energía renovable.
De esta manera, la interrelación entre transición energética y reto demográfico no es únicamente un recurso retórico, sino una realidad: en 2021 se han invertido 2 323 millones de euros en actuaciones de transición ecológica dentro del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico. Una inversión que pone a disposición de nuestros pequeños municipios una caja de herramientas con la que afrontar, en función de sus necesidades, la necesaria transformación del territorio.
La España rural atesora un importante capital natural y recursos forestales que generan riqueza © A. López
Como todo proceso de transformación, abordar reto demográfico y transición energética supone afrontar desafíos de enorme calado.
En primer lugar, a nivel institucional, parece necesaria una alianza rural/urbana para asentar esa perspectiva transversal en materia de reto demográfico y lucha contra la despoblación. La revitalización de las zonas en declive demográfico pasa por asentar marcos amplios de actuación basados en la cooperación territorial y en la concertación social, involucrando a todas las administraciones y a todos los agentes territoriales. Un nuevo contexto exige plantear actuaciones distintas, generando nuevas complicidades a nivel territorial.
Por otra parte, es indispensable que el aprovechamiento de los recursos bajo el prisma de la sostenibilidad suponga retornos en términos de generación de oportunidades y de dinamización económica a todos los territorios. Estamos sentando las bases para consolidar ecosistemas rurales innovadores, que permitan utilizar de forma eficiente los recursos disponibles y establezca nuevas formas de producción con enfoques de economía circular. De esta manera, la transición energética supone una palanca para la diversificación de la actividad económica y el fomento del empleo en las zonas en riesgo de despoblación, fortaleciendo la capacidad de transformación en clave de sostenibilidad.
Estamos ante la oportunidad de generar nuevas actividades en torno a las fuentes energéticas renovables, y de la misma manera, las actuaciones de movilidad sostenible son un claro vector para la potenciación económica de las zonas en riesgo de despoblación.
Por último, a nivel social, los desafíos son muy significativos, debiéndose tratar de velar por un equilibrio en los costes del proceso de transición. Se trata de una transformación que es un reto para la igualdad de oportunidades, para que las personas y los territorios aprovechen al máximo las oportunidades de la transición ecológica sin que nadie se quede atrás. Como hemos subrayado, el fomento de modelos de desarrollo basados en recursos endógenos y en respuestas locales a las necesidades de los territorios, deben incidir en la importancia de la participación ciudadana como vector de acompañamiento en el proceso de gestación del nuevo modelo energético.
La transición energética en una herramienta para frenar la despoblación
Los ecosistemas rurales innovadores utilizan de forma eficiente los recursos y establecen una producción con enfoques de economía circular © A. López
Podemos concluir señalando que:
• Estamos haciendo frente, en un entorno complejo, a un conjunto de transformaciones a nivel global que nos lleva a plantear la necesidad de atender de forma conjunta a fenómenos diversos, pero interrelacionados, como son la transición energética y el reto demográfico.
• Partiendo de los contornos de cada uno de los fenómenos, la relación entre ambas debe abordarse desde el enfoque de las oportunidades que ofrece el conjunto de cambios asociados a la transición energética para afrontar la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
• La transición energética es un elemento clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales: contribuye a poner en valor los recursos naturales, a la generación de oportunidades, a la mejora de la resiliencia, a la protección ambiental y permite vislumbrar un horizonte de futuro para la sostenibilidad social, económica y ambiental de todos los territorios.
• Para avanzar en esta relación de vocación transformadora, el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico, en su labor de encauzar las inversiones del Plan de Recuperación a las áreas en declive demográfico, incorpora medidas que permiten, a través del impulso de la transición energética, abordar los objetivos de lucha contra la despoblación y de fortalecimiento de la cohesión social y territorial.
• Dentro de un escenario complejo, se han de abordar los desafíos existentes a nivel institucional, económico y social para aprovechar la ventana de oportunidad actual, haciendo del binomio transición energética-reto demográfica una asociación de mutuo beneficio.